Se busca acabar con la evasión contributiva
16 de marzo de 2014 – La Fortaleza – Como parte de las estrategias para aumentar la fiscalización a la evasión contributiva, el gobernador Alejandro García Padilla remitió a la Asamblea Legislativa un anteproyecto de ley que permitirá el uso de procesadores de pago certificados en todos los comercios, así como el intercambio de información entre los municipios y el Departamento de Hacienda.
Este estatuto establece un esfuerzo de fiscalización conjunto a nivel municipal y estatal de intercambio de información, en el que los municipios le proveerán al Departamento de Hacienda informes trismestrales electrónicos sobre las patentes municipales.
Entretanto, la legislación también representa una oportunidad de modernizar la manera en que se hace negocios en Puerto Rico, pues ahora, en lugar de tener dos máquinas que generan recibos, uno para la transacción y otro para el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), todo dueño de negocio se verá obligado a utilizar procesadores de pago debidamente certificados por el Departamento de Hacienda. De esta forma, se garantiza que los comercios estén registrados en el Departamento y en los municipios, y que estén operando dentro de los parámetros de la ley.
“Mediante esta medida se adelanta la política pública de esta administración dirigida a una fiscalización más eficiente de los impuestos existentes para allegar más recursos a las arcas del gobierno sin la necesidad de imponer más contribuciones, de modo que se promueva la utilización óptima de los recursos gubernamentales a la vez que se incentiva el desarrollo económico de Puerto Rico", reza el anteproyecto.
De igual manera, el primer ejecutivo envío para la atención de la Legislatura un anteproyecto para enmendar la 'Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio para Vehículos de Motor', con el fin de reducir la prima uniforme que se paga por concepto de este seguro de $99 a $88 en vehículos privados de pasajeros y de $148 a $93 en vehículos comerciales. Esta rebaja responde a un estudio llevado a cabo por la Oficina del Comisionado de Seguros, que catalogó como inadecuada la cuantía que el Estado Libre Asociado cobra actualmente por este tipo de seguro.
Al mismo tiempo se radicó una medida que crearía un Fondo Especial en aras de mejorar la difícil situación fiscal por la atraviesa la Autoridad de Carreteras. Este Fondo Especial se abastecería del equivalente a la cantidad que se ahorrá como resultado de la reducción en la prima uniforme del seguro de responsabilidad obligatorio. Esta medida no representará un aumento en la renovación de la licencia, pues el costo total de este documento permanece inalterado.
