Gobernador Rosselló Nevares firma ley para establecer el plan de reorganización de la Junta Reglamentadora de Servicio Público
(13 de agosto de 2018 – La Fortaleza, San Juan) El gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció la firma del Proyecto de la Cámara 1408 que crea el plan de reorganización de la Junta Reglamentadora de Servicio Público (JRSP), el cual proyecta ahorros de $12 millones en su primer año y alrededor de $70 millones en cinco años.
Bajo esta reorganización se consolidan la Comisión de Servicio Público, la Comisión de Energía y la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, que ahora serán negociados de la nueva Junta Reglamentadora del Servicio Público.
De igual forma, se consolida la Administración de Energía —que será el brazo administrativo de apoyo al nuevo Negociado de Energía— y la Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC) que mantiene su independencia total para poder ejercer su función fiscalizadora del Negociado de Energía.
Tanto la Administración de Energía como la OIPC pasan a ser parte de la JRSP.
La Comisión de Energía, ahora conocida como Negociado de Energía, continúa con sus poderes en ley intactos.
“Continuamos trabajando para cumplir con nuestra promesa de transformar el Gobierno a paso acelerado y lograr una estructura gubernamental consistente con nuestra realidad fiscal. Todo esto mientras respondemos a las necesidades reales de los ciudadanos y contribuimos a una mejor calidad de vida al ofrecer servicios de calidad”, expresó el primer ejecutivo.
Como parte de la nueva estructura administrativa, la JRSP tendrá tres miembros que serán el brazo administrativo de la consolidación.
El Negociado de Servicio Público contará con tres miembros, cuando antes tenía siete; el Negociado de Energía tendrá cinco comisionados, cuando antes tenía tres; y el Negociado de Servicio Público tendrá tres comisionados, cuando antes eran cinco.
En el caso de los integrantes del Negociado de Energía, los miembros actuales de la Comisión pasarán al Negociado con su término completo y su nombramiento.
Estas reorganizaciones se hacen al amparo de la Ley 122 de 2017, conocida como Ley de Nuevo Gobierno. Este estatuto se aprobó para, de forma eficiente, canalizar las consolidaciones de agencias para tener un gobierno eficiente y con menos gastos.
Al presente, se han convertido en leyes las consolidaciones del Departamento de Seguridad Pública (DSP), con más de $25 millones en ahorros en el primer año; la reorganización del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC); y la del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).
Además, continúan ante la evaluación del Ejecutivo los proyectos de ley para los planes de reorganización del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos; y del Consejo de Educación.
“En solo 18 meses hemos completado el trámite legislativo relacionado a siete reorganizaciones que impactan a sobre 30 agencias del Gobierno. En estas reorganizaciones aprobadas por la Legislatura se estiman ahorros de sobre $30 millones el primer año y cerca de $250 millones en cinco años”, reafirmó el primer mandatario.
