Ponencia del Gobernador de Puerto Rico, Honorable Ricardo Rosselló Nevares, ante la Comisión Conjunta de Asuntos Federales del Senado y la Comisión de Relaciones Federales, Internacionales y Estatus de la Cámara de Representantes de Puerto Rico.
Señores presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, honorables Thomas Rivera Schatz y Carlos Johnny Méndez; y demás miembros de la Asamblea Legislativa reunidos en esta audiencia pública:
Comparezco ante ustedes para expresarme a favor del Proyecto del Senado Número 51, denominado como la “Ley para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico”.
La historia de nuestra condición política ha cambiado dramáticamente desde la última vez que depuse ante este cuerpo hace más de 5 años.
Los eventos que han ocurrido desde entonces han llevado a una conclusión: El ELA como habia sido definido, no existe y nunca existió, y la condición colonial murió como alternativa.
He reiterado en múltiples ocasiones que el origen de los problemas económicos y fiscales que afectan la calidad de vida de nuestro pueblo, están íntimamente vinculados con las condiciones de desigualdad política que emanan de la relación colonial existente entre los Estados Unidos de América y Puerto Rico.
El derecho internacional mediante la Carta de las Naciones Unidas del 26 de junio de 1945 reconoce el derecho de todo pueblo a su determinación. De igual forma, el 15 de diciembre de 1960, la Asamblea General de las Naciones Unidas decretó la Resolución 1541(XV) que establece que “un territorio no autónomo ha alcanzado la plenitud del gobierno propio” cuando es un “Estado independiente y soberano”; establece “una libre asociación con un Estado Independiente”; o cuando “se integra a un Estado Independiente”. Esas son las únicas opciones democráticas y legales que tiene Puerto Rico para salir de su estatus colonial.
Desde el 2005, los informes del Grupo de Trabajo del Presidente de los Estados Unidos han reconocido que el ELA fundamenta una relación en la que el Congreso tiene los poderes plenarios en Puerto Rico. Desde entonces, se ha afirmado que el llamado Estado Libre Asociado Mejorado es inconstitucional. Dichos preceptos se reafirmaron en el Informe del Grupo de Trabajo de 2007. El informe del Grupo Interagencial de Casa Blanca de 2011 estableció, de forma clara y contundente, que el ELA está sujeto a la cláusula territorial de la Constitución de Estados Unidos, sujeto a los poderes plenarios del Congreso. En otras palabras el ELA es una colonia.
A su vez indicó que la alternativa de ELA mejorado, otorgando poderes que no se puedan cambiar salvo por consentimiento mutuo, no era constitucionalmente permisible, ya que un Congreso no puede vincular a un congreso posterior en cuanto a un acuerdo entre Estados Unidos y Puerto Rico. Más aún, el Informe del Grupo Interagencial fue claro en que las únicas alternativas no territoriales eran la Estadidad, en la cual Puerto Rico pasaría a formar parte de Estados Unidos en igualdad de condiciones a los demás estados, o la Independencia, ya fuese una independencia plena, o bajo un pacto de libre asociación.
Ante ese escenario, el gobierno propulsó un Plebiscito, donde el Pueblo rechazó abrumadoramente la condición colonial. Este resultado, constituye un mandanto histórico, donde el Pueblo exije una nueva definición política.
Tomando en cuenta los resultados del Plebiscito del 2012, el Presidente Barack Obama en enero de 2014 aprobó una asignación presupuestaria de $2.5 millones para un próximo plebiscito de estatus. Dicha asignación está sujeta a que el Secretario del Departamento de Justicia Federal pueda revisar si las definiciones de las alternativas de status cumplen con las normas constitucionales, legales y de política pública del gobierno federal. Es decir, al ELA ser rechazado de forma contundente por el pueblo, las únicas opciones que cumplen con las normas constitucionales, legales y de política pública son la Estadidad o la Independencia en una de sus modalidades. De igual forma, en Octubre de 2016, el Gobierno de Estados Unidos emitió un voto explicativo ante la Organización de las Naciones Unidas reconociendo la independencia, la libre asociación y la Estadidad, como las únicas vías para descolonizar a Puerto Rico.
Durante la pasada campaña electoral le expresé a nuestro pueblo que un voto por nuestra candidatura también representaba un voto para establecer una política pública de reclamar la igualdad de derechos para los puertorriqueños. Ese voto también fue un voto por la Estadidad y hoy respondemos a ese mandato electoral, respaldando éste plebiscito como parte de un proceso conducente a la admisión de Puerto Rico como Estado de la Unión Americana.
Pero el ejecutivo no ha sido el único que se ha expresado sobre el estatus colonial y territorial de Puerto Rico. El pasado 9 de junio, el Tribunal Supremo de Estados Unidos puso fin al mito del ELA, al concluir en la decisión del caso Sánchez Valle que la fuente de poder del Estado Libre Asociado emana del Congreso de Estados Unidos y no del Gobierno de Puerto Rico, por lo que nuestra Isla no es una entidad soberana. En el mismo periodo de 24 horas, el congreso impuso una Junta de Supervisión Fiscal, denotando aún más la limitación de poderes políticos en Puerto Rico y marcando con más claridad que nunca, que el ELA es una colonia.
Por último, pero no menos importante, tan reciente como el pasado 29 de diciembre, el Congreso de Estados Unidos, a través de su Oficina de Investigación, emitió un informe en el cual indicó, de forma clara e inequívoca, que el ELA continúa bajo los poderes plenarios del Congreso de los Estados Unidos y que el mal llamado “ELA Mejorado” no es una opción aceptada, por lo que para que se puedan usar los $2.5 millones aprobados por el Presidente Obama, dicha opción no puede estar incluida entre las alternativas de estatus a considerarse. Es perpetuar al engaño colectivo afirmar que una relación fuera de la estadidad garantiza la ciudadanía americana de los nacidos en Puerto Rico. De hecho, los tribunales federales en el caso de Tuaua v. United States, resolvieron que la ciudadanía americana solo es permanente en los estados y en los territorios depende de la gracia del Congreso. El año pasado, la Corte Suprema de los Estados Unidos validó ese dictamen de la Corte de Apelaciones Federal para el Distrito de Columbia al decidir no revocar dicha decisión judicial.
Esa admisión por parte de las tres ramas del gobierno de los Estados Unidos coincide con la crisis fiscal del gobierno de Puerto Rico y su repercusión negativa en la economía de nuestra Isla.
Dicha situación dejó evidenciada la condición colonial de inferioridad y desigualdad política que padecemos, con la imposición del Congreso a Puerto Rico de una Junta de Supervisión Fiscal, cuyos poderes superan los alcances de la Constitución del Estado Libre Asociado.
La política publica de nuestra administración es clara: Vamos a utilizar todos los mecanismos para erradicar la condición territorial colonial. Además de este proyecto, estaremos sometiendo otros proyectos en la legislatura, incluyendo el plan Tennessee, y acciones administrativas para atender el problema de raíz.
Los Estados Unidos y el mundo deben conocer que la crisis ocasionada por el colapso de la colonia, se produce luego de que los puertorriqueños rechazáramos en un evento democrático continuar siendo gobernados bajo un sistema donde se discrimina contra nuestro pueblo y se nos niegan la plenitud de nuestros derechos ciudadanos. Ignorar el resultado del plebiscito efectuado en el año 2012 constituye una falta de respeto a la expresión mayoritaria del pueblo del pueblo de Puerto Rico.
¿Cómo se puede considerar los EEUU el portaestandarte de la democracia, si no atiende una deficiencia clara en su propio hogar?
Nuestro compromiso con el pueblo fue atender el estatus con la premura que los tiempos requieren.
La Exposición de Motivos del Proyecto del Senado Número 51, indica lo siguiente y cito: "A la altura del Siglo XXI, después de 119 años de convivencia con el pueblo y el gobierno de los Estados Unidos de América; de 100 años de todos los puertorriqueños y las puertorriqueñas ser ciudadanos americanos por nacimiento; de aportar nuestra sangre, honor y sacrificio en todos los conflictos bélicos que han amenazado la seguridad nacional; y de convivir en el entorno socioeconómico de nuestra Nación, Puerto Rico continúa siendo el territorio colonial más poblado y antiguo del mundo" - cierro la cita.
El coloniaje representa un atentado contra la dignidad humana y en este caso, una mancha que ensombrece la proyección democrática que el gobierno de los Estados Unidos pretende llevar a todos confines del planeta. He dicho y hoy reitero, que el gobierno de los Estados Unidos no puede pretender dar lecciones de democracia ante el mundo, mientras discriminan contra 3.5 millones de sus ciudadanos en Puerto Rico.
El momento de enfrentar al gobierno de los Estados Unidos con una contundente expresión del Pueblo de Puerto Rico es ahora y este Proyecto, denominado como la “Ley para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico”, nos brinda esa histórica oportunidad, mediante la celebración de un plebiscito entre alternativas no coloniales, ni territoriales, avaladas tanto por la Constitución de los Estados Unidos de América como por el Derecho Internacional.
El incuestionable mandato electoral vigente en Puerto Rico, a partir del plebiscito de 6 de noviembre de 2012, es el rechazo a la actual condición territorial y colonial; y el reclamo de la igualdad de derechos ciudadanos para los puertorriqueños.
En el marco del análisis de esta medida, no podemos ignorar que las consecuencias de la condición colonial que rige al gobierno de la Isla, afecta directamente la calidad de vida de los puertorriqueños ciudadanos americanos que aquí vivimos. La inacción de parte del Congreso y del ejecutivo federal a esta realidad, nos obliga a llevar una exigencia en nombre de la mayoría de nuestro Pueblo. El plebiscito dispuesto en esta legislación es el mecanismo de expresión democrática que validará el sentir de la mayoría de nuestro Pueblo y nos encaminará a resolver la relación colonial del presente.
Un plebiscito en el que no se tenga margen para confundir al Pueblo; un plebiscito que defina las alternativas de estatus válidas para romper con las cadenas del coloniaje que limitan nuestras posibilidades de desarrollo y en el que la expresión del Pueblo sea interpretada por el Congreso con claridad, sin espacio para otra interpretación que no sea la voluntad del Pueblo.
Esta legislación define con claridad las opciones de Estadidad e Independencia - en sus dos modalidades de Libre Asociación o República Independiente - como las opciones reconocidas por el derecho internacional y cónsonas con la Constitución de los Estados Unidos, como las alternativas que tenemos los puertorriqueños para salir de la crisis colonial.
Este Plebiscito le brinda una oportunidad a aquellos que se dicen llamar "soberanistas", de defender la alternativa de estatus político que alegan creer. Esta es su oportunidad para salir de la retórica y entrar a la acción en defensa de sus creencias políticas.
Yo favorezco la igualdad de derechos para todos los puertorriqueños como ciudadanos de los Estados Unidos, mediante la incorporación de Puerto Rico como el Estado 51 de la unión americana. Esa es la alternativa de dignidad y progreso que nos asegura salir de la crisis. Esa es la solución definitiva y este proyecto permitirá que podamos encaminarla.
Llegó el momento de hacer más grande a los Estados Unidos, llevando sus fronteras hasta el Caribe con la incorporación del Estado de Puerto Rico y darle a nuestros hijos las mismas oportunidades de progreso y desarrollo que tienen los jóvenes que residen en los demás estados. Este es nuestro momento. Este es el momento de Puerto Rico.
Los exhorto a proceder con la aprobación del Proyecto del Senado Número 51 y continuemos a paso firme el camino hacia la descolonización de Puerto Rico.
Muchas gracias.
