Plataforma para futuras generaciones

Por: Hon. Alejandro J. García Padilla, Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

30 de junio de 2014 – El Nuevo Día – Las corporaciones públicas tienen que ser autosuficientes. Para eso fueron creadas. Su nombre refleja su naturaleza y su compromiso con la autosuficiencia. Son corporaciones, parecidas en estructura a las corporaciones privadas, aunque son públicas, porque su fin es el bien común y sus únicos accionistas somos los puertorriqueños.

Por muchos años las corporaciones públicas lograron su misión y fueron ejemplo de eficiencia en operaciones y calidad en el servicio. Cubrían sus gastos con los ingresos que generaban.

Pero las cosas cambiaron. Irresponsablemente, algunos gobiernos comenzaron a permitir que en las corporaciones públicas los gastos excedieran los ingresos; a tolerar que se les pasaran a los clientes facturas cada vez más altas y que, aun así, la chequera se cuadrara con préstamos.

Tomemos un ejemplo: entre 2009 y 2012, la Autoridad de Carreteras tomó prestado más de $2,200 millones sin saber cómo los iba a pagar. Esa manera de actuar es injusta con todos los puertorriqueños, socava nuestras posibilidades de desarrollo económico; ese proceder es totalmente inaceptable para mí, como gobernador, y para todos los que comparten la responsabilidad que ustedes depositaron en el Gobierno.

Cuando comenzamos a analizar los números, identificamos que tres de las principales corporaciones públicas del país cuyos servicios son esenciales (Energía Eléctrica, Acueductos y Carreteras), tienen un nivel de deuda combinado de más de $21,000 millones, casi el 30% de la deuda total del país. Inmediatamente, ordené tomar medidas de control de gastos e identificar medidas fiscales para volver a la autosuficiencia. La mayoría de las corporaciones públicas tuvieron éxito en el esfuerzo.

En otros casos, los problemas financieros eran tales que se necesitan soluciones más profundas. Para algunos casos, la reorganización era inevitable y necesitábamos producir el marco legal para hacerla viable. Las corporaciones públicas en otros lugares cuentan con ese marco legal. En Puerto Rico no lo tenemos. Por eso es que aprobamos la Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas.

Es la forma de garantizar que mientras se atienden los problemas financieros que algunas corporaciones cargan del pasado, no se afecten los servicios de luz y agua en nuestras casas, y nuestra red de carreteras. Mi administración no va a permitir que nuestras familias sufran por decisiones equivocadas del pasado ni que deudas viejas retrasen la recuperación económica del país.

Por eso, tomamos un paso trascendental al aprobar la reciente ley. Esta ley protegerá el interés del pueblo en sus corporaciones públicas proveyendo un marco legal. Puerto Rico era la única jurisdicción de Estados Unidos, y probablemente del mundo, que no tenía un ordenamiento legal para ese manejo.

La ausencia de esta ley, no sólo ponía en riesgo la continuidad de servicios públicos esenciales, sino que abonaba a la incertidumbre y la especulación sobre nuestra capacidad como país, para resolver nuestros problemas económicos. Afectaba nuestra reputación en el extranjero y enviaba un mensaje equivocado sobre cómo actuamos los puertorriqueños.

Como he explicado antes, el esquema de reorganización que hemos adoptado no aplica a las obligaciones generales del Estado Libre Asociado. El ELA seguirá honrando su historial de cumplimiento como lo requiere nuestra Constitución. Este país paga lo que debe.

Muchos me han preguntado cómo funcionará la ley. Es sencillo: una corporación pública puede recurrir a la nueva ley sólo si no puede pagar sus deudas en el plazo establecido. No se trata de que no quiera pagarlas. Tiene que probar que, aunque quiere, no puede. En ese caso de incapacidad de pago, la ley provee dos opciones para el ajuste de cuentas; la primera, mediante el Capítulo 2, que permite a la corporación y sus acreedores negociar entre ellos y llegar a un acuerdo mutuo, sin la supervisión de un tribunal. La segunda, mediante el Capítulo 3 provee que si no hay acuerdo voluntario entre la corporación y sus acreedores, la negociación será supervisada por un tribunal de Puerto Rico. Para nuestras familias, esta ley representa que los servicios que ofrecen estas corporaciones no se verán interrumpidos.

La respuesta positiva que hemos recibido de la gente, de la comunidad empresarial, de la prensa local y de Estados Unidos, de la mayoría del liderato sindical, demuestra que la inmensa mayoría entiende la urgencia de la aprobación de la ley. Y con ello, le hemos probado al mundo que Puerto Rico es un país de gente seria, que cumple su palabra: que aquí se puede invertir, sin miedo a que se incumplan las obligaciones; que la nueva generación que asumió las riendas del poder en el 2013 trabaja de forma responsable; que el bienestar de nuestra gente está por encima de cualquier otra consideración y que no importan las anticipables críticas partidistas, vamos actuar con firmeza, por el bien común.

Nuestra administración cree que el Gobierno está para servirle a la gente con la promoción de empleos y con la generación de seguridad. El principio es de servicio a nuestra gente. Ese mismo principio está detrás dela Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno.

Y es la misma guía que usamos para enfrentar el déficit de otros $2,200 millones que heredamos, equivalente al 24% del presupuesto. Gracias a un equipo del Ejecutivo, sensible y competente, y a una Legislatura muy comprometida con el futuro del país, en los primeros seis meses, redujimos el déficit a $820 millones; luego, en 14 meses, a $650 millones y con la aprobación de un presupuesto balanceado confiamos que en julio de este año no haya déficit. Es la primera vez en 22 años que Puerto Rico tendrá su presupuesto balanceado. Sin echar gente a las filas del desempleo, ni reducirles su jornada laboral como han hecho tantos otros países y estados.

De hecho, el desempleo ha bajado de más del 16% entre 2009 y 2012 al 13.8% hoy, y estamos trabajando sin descanso para que baje mucho más.

Cuando juramenté en enero de 2013, me comprometí a enfrentar los retos que otros evadieron por décadas. En el mensaje de Estado les reafirme que el país necesita cambios radicales para sacar a Puerto Rico de la crisis que otras generaciones nos dejaron. Eso es exactamente lo que hacemos.

Hacer las corporaciones públicas autosustentables, lograr la eficiencia del Gobierno central y tener un presupuesto balanceado, sin recurrir a más prestamos, es fundamental para lograr un mejor Puerto Rico.

Es la plataforma fiscal sobre la cual todos los puertorriqueños unidos, irrespectivamente de las ideologías, queremos dejarles a nuestros hijos: un país de más progreso, más justicia y más paz.