La solución correcta en el momento correcto

Por: Melba Acosta Febo, Secretaria de Hacienda de Puerto Rico y Principal Oficial Financiero del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

29 de junio de 2014 – El Nuevo Día – Esta semana, Puerto Rico ha estado en los titulares, tanto de Puerto como de Estados Unidos por hacer lo que muchos pensaban era imposible y actuar, una vez más, con firmeza para poner sus finanzas en orden.

El crédito es del Gobernador y de los legisladores, quienes con valentía y visión de futuro promovieron la Ley para el Cumplimiento con las Deudas y Recuperación de las Corporaciones Públicas de Puerto Rico.

Al tomar este paso decisivo en nuestro camino a la recuperación, Puerto Rico atiende uno de los principales problemas de nuestra deuda pública, antes, no después, de que se materialice una crisis financiera de mayor envergadura.

¿Por qué es importante la ley? Puerto Rico se encuentra en su octavo año de estancamiento económico y los bonos del ELA fueron degradados el pasado mes de febrero. Casi el 30% de la deuda pública acumulada de Puerto Rico ($72 billones) corresponde a sólo tres de las corporaciones públicas del país. Estas corporaciones públicas proporcionan servicios esenciales a los ciudadanos y son cruciales para el desarrollo económico.

Hoy día, para reestructurar sus deudas, las corporaciones públicas de Puerto Rico no pueden usar las disposiciones que tienen las leyes federales para este fin. La Ley de Recuperación, llena ese vacío, y soluciona el problema proveyéndole a las corporaciones públicas un marco legal y una forma ordenada para renegociar deudas con sus acreedores, sin interrumpir los servicios esenciales que ofrecen. Al mismo tiempo, libera al Fondo General y al BGF de la pesada carga de continuar sosteniendo financieramente a estas corporaciones.

Aquellos que reconocen que una solución estructural era impostergable para poner a Puerto Rico en la ruta hacia la recuperación están apoyando la nueva Ley. Hay otros, quizás por sus propios intereses o por impresiones equivocadas, han querido desacreditarla proveyendo información falsa.

Por ejemplo, la Ley de Recuperación no está creada para que Puerto Rico se declare en “Bancarrota”. La Ley, explícitamente reconoce que esa alternativa está prohibida por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

La Ley tampoco está diseñada para aumentar las tarifas a los puertorriqueños. De hecho, es todo lo contrario. Sin una estructura legal para renegociar la deuda con los bonistas – muchos de ellos que son de fuera de Puerto Rico-pudieran reclamar aumentar las tarifas como la primera y única solución para recuperar su inversión. La Ley de Recuperación es, pues la mejor opción ya que abre la puerta a otras vías para manejar los retos fiscales de las corporaciones públicas, reduciendo así la posibilidad de un aumento en las tarifas.

Tampoco esta Ley es un intento velado para la privatización, ni para eliminar empleos. Con una sólida base financiera, las corporaciones públicas podrán evitar despidos – o recortes de los servicios y en su lugar podrán invertir en mejoras operacionales y en la infraestructura necesaria que les permitirá ser autosustentables en el futuro.

Las reestructuraciones de deuda nunca son la primera opción. Ni las que uno prefiera. Pero, en ocasiones son la única alternativa para resolver una carga muy pesada y encaminar el futuro de un país. Esa es nuestra realidad y debemos enfrentarla unidos con determinación y optimismo.

El debate demagógico y especulativo – no abona a la solución de nuestros problemas. Solo aumenta la incertidumbre sobre nuestras capacidades para superar los retos financieros que enfrentamos.

Demos la oportunidad a las corporaciones públicas para superar sus retos financieros. La Ley de Recuperación les brinda herramientas adicionales para hacerlo.

Con la aprobación de esta legislación se inicia una nueva etapa en la administración pública en Puerto Rico, que las generaciones del futuro agradecerán y reconocerán como una iniciativa de responsabilidad y madurez.