Ejecutivo resalta ventajas del proyecto de la Defensoría de Derechos Humanos
10 de junio de 2015 – La Fortaleza – El director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Luis Cruz Batista, defendió hoy los beneficios fiscales y sociales que tendría la creación de la Defensoría de Derechos Humanos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que consolidará distintas procuradurías y la Comisión de Derechos Civiles, para proteger y defender los derechos de todas las personas de una manera eficaz e integrada.
“Las procuradurías, particularmente aquellas que reciben fondos federales, han tenido señalamientos durante los últimos años. Algunos de estos señalamientos requieren una revisión de sus estructuras para poder salvaguardar dichos fondos. La Ley que crea la Defensoría busca atender dichos señalamientos, a la vez que enmarca a Puerto Rico dentro de las corrientes de reforma de estas figuras a nivel internacional. El resultado es una estructura de vanguardia que brindará mayores protecciones a los derechos, sin poner en riesgo los fondos federales y generando economías en fondos estatales”, explicó Cruz Batista
El proyecto de administración que está considerando la Legislatura fue consultado con las agencias federales que rigen el desembolso de la mayor parte de los fondos que reciben las procuradurías. Las agencias federales han provisto asistencia técnica en el proceso de redacción del proyecto para proteger los fondos federales. En particular, este proyecto es necesario para corregir deficiencias estructurales que ponen en riesgo aproximadamente $4 millones en fondos federales para la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos.
Sobre esto, el director de OGP añadió que “esta administración sigue en comunicación con las agencias federales en la medida que el proyecto continúa avanzando en el trámite legislativo para salvaguardar los fondos.”
Por otro lado, la creación de esta entidad es parte fundamental de la política pública de la administración del gobernador Alejandro García Padilla, que busca reducir el aparato gubernamental sin despidos, reduciendo costos y garantizando servicios más eficientes. Además, la propuesta atiende los reclamos de mayor autonomía operacional y fiscal que ha hecho la sociedad civil y los señalamientos de agencias federales respecto a fondos que en la actualidad están en alto riesgo.
La proyección de ahorros de esta medida es de más de $3.5 millones y contempla desde arrendamiento y pago en los servicios públicos hasta nómina de puestos de confianza y servicios comprados. También se contemplan reducciones en los salarios de los defensores por lo que serán sustancialmente menores a los de los procuradores actuales.
