Devuelven facultades al Colegio de Abogados y Abogadas
28 de julio de 2014 – San Juan – El gobernador Alejandro García Padilla firmó la 'Ley de la Colegiación Integrada de la Abogacía', que restituye la colegiación integrada como requisito para ejercer la abogacía y el notariado en Puerto Rico.
"Hoy es un día importante para el pueblo, que vuelve a tener un Colegio de Abogados y Abogadas con poderes restituidos para darle voz a la gente más vulnerable en sus luchas por la reivindicación de sus derechos fundamentales; para fortalecer el acceso a la justicia sin distinción de clase social, raza, sexo, origen étnico o nacional, creencias religiosas y políticas o identidad sexual; y para servir de centinela de la conducta ética, el compromiso y la diligencia que siempre deben distinguir a los abogados y abogadas, incluyendo a aquellos y aquellas que también son custodios de la fe pública notarial", afirmó el primer mandatario.
La legislación, además, fija en $250 la cuota anual del Colegio y dispone que la misma solo se puede aumentar a través del voto de una asamblea general; el alza en esta contribución no podrá ser mayor de un 10 por ciento. La votación en cualquier asunto del Colegio podrá ser a través de la asistencia a una asamblea, por correo y de manera electrónica.
Asimismo, este estatuto fortalece el Fondo de Acceso a la Justicia de Puerto Rico, pues permite que cualquier colegiado opuesto a las posiciones del liderato de turno del Colegio pueda donar su cuota al Fondo; de esta manera, no contribuye al presupuesto general de la institución.
"Nunca olvidemos que para que la libertad, la igual protección de las leyes, el debido proceso de ley y la dignidad sean mucho más que una aspiración - para que puedan ser reivindicados con éxito por cada habitante de nuestro país - es necesario que fortalezcamos el acceso a la justicia", expresó García Padilla.
De igual forma, esta ley le devuelve los poderes al Colegio para velar porque los abogados y abogadas ejerzan su profesión con apego a las normas éticas que regulan la abogacía y el notariado.
"Con la ley que firmamos hoy, completamos la restitución al Colegio del resto de las facultades que permitieron a lo largo de su historia centenaria darle voz a la gente humilde y fortalecer la ética y excelencia profesional, incluyendo las personas investidas con la fe pública notarial", concluyó el gobernador.
El Colegio de Abogados y Abogadas fue fundado en el 1840; en el 1981, inauguró su programa Pro Bono, una corporación sin fines de lucro que ofrece servicios legales gratuitos a personas de escasos recursos económicos en derecho civil y administrativo. Igualmente, siempre ha colaborado con la Sociedad para la Asistencia Legal y con la Corporación de Servicios Legales de Puerto Rico.
En el 2009, se aprobaron varias leyes dirigidas a eliminar la colegiación compulsoria, redefinir las facultades y deberes del Colegio y los requisitos para ejercer la profesión de la abogacía y el notariado en Puerto Rico, entre otras cosas.
